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Un grupo significativo de exmiembros de ETA, incluyendo a una docena de presos, han expresado su profunda desaprobación hacia el exlíder de la organización, conocido como 'Kubati', y a otros seis líderes 'abertzales' por su reciente acuerdo con la Fiscalía. La controversia se centra en la aceptación de culpabilidad por parte de estos individuos en relación con los llamados 'ongi', acuerdos secretos que supuestamente facilitaron la disolución de ETA. La crítica, contundente y cargada de reproches, plantea interrogantes sobre la estrategia de reconciliación y la memoria histórica del conflicto vasco.

La declaración, firmada por 110 exmiembros de ETA, acusa a 'Kubati' de apropiarse de "la verdad de los verdugos", argumentando que al asumir su responsabilidad, legitima las acciones del pasado y deshonra a las víctimas. El texto enfatiza que este acuerdo representa una traición a los ideales y al sufrimiento de quienes lucharon por la independencia vasca, y cuestiona la motivación detrás de esta decisión. Se les acusa de priorizar beneficios personales sobre la memoria colectiva y la justicia para las víctimas.

El acuerdo con la Fiscalía, en el que 'Kubati' y los otros líderes 'abertzales' reconocen su participación en los 'ongi', ha generado una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos lo ven como un paso necesario para cerrar heridas y avanzar hacia la paz, otros lo consideran un acto de cobardía y una negación de la responsabilidad histórica. La Fiscalía, por su parte, busca esclarecer los detalles de los acuerdos secretos y determinar la responsabilidad de los implicados en la disolución de ETA.

La controversia ha reabierto viejas heridas y ha intensificado el debate sobre la memoria histórica en el País Vasco. Las víctimas, que durante años han exigido justicia y reconocimiento, se sienten traicionadas por este acuerdo. Muchos se preguntan si este tipo de pactos contribuye a la reconciliación o, por el contrario, perpetúa el ciclo de violencia y dolor. El caso 'Kubati' se ha convertido en un símbolo de las tensiones y contradicciones que aún persisten en la sociedad vasca.

Expertos en el conflicto vasco señalan que este tipo de acuerdos, aunque puedan facilitar la investigación judicial, pueden tener consecuencias negativas en la percepción pública de la justicia y la reconciliación. La necesidad de un debate profundo y honesto sobre el pasado, que incluya la voz de las víctimas y de todos los sectores de la sociedad, es más urgente que nunca. La búsqueda de la verdad y la justicia, sin importar los intereses políticos o personales, es el camino para construir un futuro de paz y convivencia en el País Vasco.

El futuro de este caso y su impacto en la sociedad vasca son inciertos. Sin embargo, una cosa es clara: la controversia ha puesto de manifiesto la complejidad y la sensibilidad del conflicto vasco, y la necesidad de abordar el pasado con honestidad y respeto.