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Madrid, España - Una investigación judicial ha puesto bajo la lupa al Fiscal General del Estado, tras la revelación de que recibió dos teléfonos móviles, uno de los cuales fue reseteado y ninguno fue devuelto a la administración. La Unidad Central de Operaciones (UCO) ha confirmado estos hechos en un oficio remitido al juez instructor del caso, Ángel Hurtado, en respuesta a una solicitud de información.

Detalles de la Investigación

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO responde a una petición del juez Hurtado, quien investiga las finanzas del Fiscal General. El oficio detalla que se le proporcionaron dos terminales móviles, pero no se ha podido determinar el origen exacto de estos dispositivos ni su uso específico.

Reseteo de un Teléfono: ¿Intento de Ocultar Información?

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es el hecho de que uno de los teléfonos fue reseteado, es decir, borrada toda la información contenida en él. Este acto ha levantado sospechas sobre un posible intento de ocultar comunicaciones o datos relevantes para la investigación.

La Falta de Devolución: Una Irregularidad Administrativa

Además del reseteo, la no devolución de ninguno de los dos teléfonos móviles a la administración pública constituye una irregularidad administrativa. Las autoridades buscan esclarecer si estos dispositivos fueron utilizados para fines personales o si contenían información sensible relacionada con el ejercicio de sus funciones como Fiscal General.

Posibles Consecuencias Legales

La investigación continúa su curso, y las autoridades competentes están analizando la documentación y buscando testimonios que puedan esclarecer los hechos. Si se determina que el Fiscal General ha incurrido en alguna irregularidad, podría enfrentarse a consecuencias legales, que podrían incluir sanciones administrativas o incluso acciones judiciales.

Reacciones y Debate Público

Este caso ha generado un intenso debate público en España, con diversas reacciones por parte de los partidos políticos y la sociedad civil. Algunos sectores han exigido una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades judiciales, mientras que otros han defendido la presunción de inocencia del Fiscal General.

¿Qué Sigue?

El juez Ángel Hurtado continuará investigando el caso, solicitando más información y escuchando a los implicados. La Unidad Central de Operaciones (UCO) seguirá colaborando con la investigación, aportando los recursos y la experiencia necesarios para esclarecer los hechos y determinar si ha habido alguna infracción legal.