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El instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha iniciado una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido a las operadoras de telecomunicaciones Movistar y Vodafone que proporcionen una lista detallada del tráfico de llamadas del fiscal general. Esta medida forms parte de la investigación en curso y busca esclarecer los hechos relacionados con el caso. La decisión del Tribunal Supremo refleja la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial, y puede tener implicaciones significativas para la justicia española. El uso de registros de llamadas y otros datos de telecomunicaciones es una herramienta clave en las investigaciones penales, y la colaboración entre las autoridades judiciales y las operadoras de telecomunicaciones es fundamental para esclarecer los delitos. El caso del fiscal general Álvaro García Ortiz sigue siendo un tema de gran interés para la opinión pública, y se espera que la investigación arroje luz sobre los hechos y responsable de cualquier irregularidad. La justicia, la transparencia y la seguridad jurídica son conceptos clave en este caso, y se espera que el Tribunal Supremo siga trabajando para garantizar que se haga justicia.